Fascículo 3

Profundizando el camino de los derechos humanos, la seguridad democrática y el acceso a la justicia

Presentación

En este capítulo los distintos autores ponen el foco del análisis en dos núcleos que son centrales para pensar la salud y fortaleza de un Estado de Derecho: el debate en torno a los derechos del ciudadano, y el debate respecto de la organización y funcionamiento de la administración de Justicia. En referencia a la problemática del acceso a la Justicia, los autores comparten el supuesto de que la legislación en materia de derechos no ha de considerarse un punto de llegada sino un aspecto que se complementa con el acceso efectivo de los ciudadanos a la administración de Justicia.

Al realizar el abordaje de la gestión pública de la seguridad se presentan una serie de interrogantes. El primero y más general de ellos es cuál es el marco general dentro del cual se va a plantear el debate. Al hablar de seguridad democrática, en primer lugar, se marca el espacio de debate dentro de la gestión de las condiciones para el funcionamiento del Estado de Derecho. En segundo lugar, se pretende asociar la gestión pública de la seguridad con la promoción de la participación ciudadana. Por último, al incluir en el debate la inclusión social se establece como eje la necesidad de pensar una política pública de seguridad no sólo en términos de garantías sino también de la prevención social del delito y la violencia.

Dentro de este marco, los textos indagan al respecto de los desafíos principales para la gestión pública de la seguridad y el acceso a la Justicia.


Eduardo Barcesat analiza la estr uctura y naturaleza del Poder Judicial de la Nación, describiendo las propuestas que fueron impulsadas en torno a la democratización de la Justicia. Finalmente realiza una apreciación al respecto de las medidas cautelares.

Carlos A. Beraldi propone una agenda de trabajo con dos grandes ejes en lo que hace a la gestión pública de la seguridad: las reformas estructurales necesarias en el sistema y la criminología.

Mario L. Coriolano se refiere a la función que debe desempeñar la defensa pública ante la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con especial referencia a la información relevante al respecto. Presenta los bancos de datos y su finalidad, planteando por último los desafíos en la materia.

Alberto Palacio presenta cuatro ejes fundamentales para pensar una gestión orientada a la optimización del acceso a la administración de Justicia: continuidad, adaptación, igualdad y celeridad, señalando que uno de los problemas principales que atraviesan estos ejes es el diseño de dispositivos institucionales para atender a las personas en condición de vulnerabilidad.

Carlos Rozanski plantea una serie de desafíos vinculados a la Justicia. Destaca los profundos cambios vividos en la última década, especialmente en materia de derechos humanos. Menciona asimismo que resulta imprescindible que las convenciones sobre derechos humanos “bajen” a cada fiscalía, tribunal, comisaría y juzgado de paz. Finalmente plantea que una Justicia verdaderamente democrática es la que acompaña los cambios que la comunidad reclama, que la dirigencia política encabeza, y la que tiene en cuenta las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Marcelo Saín pone el acento en lo que considera el principal desafío de la gestión vinculada la seguridad, a saber, el gobierno político de las instituciones policiales. Destaca asimismo la importancia de atender a cinco dimensiones imprescindibles: las misiones institucionales de la policía; la estructura orgánica de la institución; los diversos momentos de la carrera o profesión; la formación de los cuadros institucionales y el control sobre la institución.

Gabriel Vitale señala a las universidades como un espacio clave para la formación de los operadores públicos capaces de accionar la mediación necesaria para que funcione, efectivamente, la administración de Justicia.

Colaboración de UNIPE